El Economic Policy Institute y LaborLab publicaron el 20 de mayo un informe en el que se calcula que los empleadores estadounidenses gastan alrededor de 1,7 mil millones de dólares al año en consultores y bufetes de abogados especializados en evitar la sindicalización; de esa cifra, aproximadamente 442 millones se destinan exclusivamente a consultores, mientras que el resto cubre representación legal, litigios y servicios relacionados. Es probable que la cifra real sea aún mayor: las normativas federales eximen de divulgación aquellas actividades de consultoría clasificadas como «asesoramiento», categoría que abarca la gran mayoría del trabajo realizado, y el cumplimiento de los requisitos existentes es muy deficiente. LaborLab constató que el 57 % de los empleadores obligados a declarar sus gastos en consultores antisyndicales durante 2024 no presentaron la información dentro del plazo establecido; solo 153 empresas lo hicieron ese año. Entre los principales bufetes mencionados en el informe figuran Littler Mendelson, Morgan Lewis y Jackson Lewis, que han representado conjuntamente a diversas empresas frente a intentos de sindicalización en Amazon, Starbucks y Trader Joe’s.
Amazon destaca como el mayor gastador individual: en 2025 la compañía desembolsó más de 26,6 millones de dólares en consultores antisyndicales, una cifra 13 veces superior a la del segundo mayor gastador, el proveedor sanitario UnityPoint, con 2,1 millones de dólares; le siguen LabCorp con 2 millones y Premier Health con 801 000 dólares. Un portavoz de Amazon manifestó a The Guardian que la empresa colabora con expertos externos para ayudar a sus trabajadores a «comprender la verdad» y contrarrestar lo que califica de desinformación sindical; por su parte, el sindicato Teamsters sostiene que Amazon «prefiere pagar a terceros intrusos para amenazar, intimidar y acosar» a sus empleados. El informe describe estos gastos como parte de una infraestructura legal más amplia destinada a aprovechar los retrasos procedimentales de la NLRB, prolongar las negociaciones para el primer convenio colectivo y debilitar el impulso sindical; por ello, la cifra de 1,7 mil millones de dólares no debe interpretarse únicamente como costos legales corporativos, sino como una barrera estructural integrada en el sistema laboral estadounidense.